La justicia tarda pero llega. En abril, Alan Rodríguez, quien nunca se dio por vencido, finalmente llegó, justo en el día internacional del síndrome de down, a recibir su título secundario.
La lucha empezó en 2013 cuando este joven con síndrome de Down concluyó sus estudios secundarios en una escuela privada de la Ciudad de Buenos Aires, donde cursó siempre con los mismos compañeros con un proyecto pedagógico individual.
Pero a diferencia de sus amigos, a Alan le negaron el título porque, según el Ministerio de Educación porteño, no cumplió con los contenidos mínimos y, por lo tanto, se encontraba impedido para ingresar a la universidad o conseguir trabajo.
Fue ahí que la familia Rodríguez, con el patrocinio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), interpuso un amparo judicial para exigir el derecho a una educación inclusiva.
En una primera instancia de este largo camino, en octubre de 2016, la jueza Romina Tesone del fuero contencioso administrativo y tributario falló a favor de Alan y ordenó al Gobierno de la Ciudad otorgarle la certificación de sus estudios.
“El derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en igualdad de condiciones”, escribió la magistrada en su sentencia.
Pero la historia siguió porque el GCBA se opuso al fallo y la causa pasó a la Cámara de Apelaciones.
En el medio, el caso tomó estado público y los Rodríguez se vieron apoyados por numerosas organizaciones como Artículo 24, el INADI y otras además del acompañamiento de todos los compañeros de Alan.
“Como familia es un aprendizaje. Nos tenemos que sentir muy fuertes para apoyar a Alan. Él quiere buscar trabajo y hacer lo que le gusta. Pero necesita el título. Estudió, aprobó, lo merece”, expresó la madre de Alan, María Florencia Rodríguez, tras conocer la apelación.
Finalmente a fin del año pasado, el Consejo Federal de Educación analizó el caso y aprobó una resolución que reconoce el derecho al título secundario igualitario para todas las personas con alguna discapacidad que cursen con adecuaciones curriculares.
Ante esto, el Gobierno presentó en la causa un título para Alan, el primero acorde a esa nueva normativa, y luego la Sala III de la Cámara de Apelaciones se pronunció a favor de otorgarle el certificado que pedía.
Además, los jueces declararon inconstitucionales las leyes locales que se oponen al derecho a una educación inclusiva en un fallo considerado histórico por ACIJ.
Como es el primer título de estas características, los Rodríguez solicitaron que igualmente se confirme la validez del mismo para ser presentado en instituciones de estudios superiores.
Alan nunca bajó los brazos y logró conseguir no sólo aquello que le correspondía sino que además, transformó su victoria personal en una colectiva sentando un precedente. Ahora, gracias a este joven que no quiso rendirse, todas las personas con discapacidad gozarán del derecho a una educación sin discriminación y en igualdad de oportunidades.
La lucha empezó en 2013 cuando este joven con síndrome de Down concluyó sus estudios secundarios en una escuela privada de la Ciudad de Buenos Aires, donde cursó siempre con los mismos compañeros con un proyecto pedagógico individual.
Pero a diferencia de sus amigos, a Alan le negaron el título porque, según el Ministerio de Educación porteño, no cumplió con los contenidos mínimos y, por lo tanto, se encontraba impedido para ingresar a la universidad o conseguir trabajo.
Fue ahí que la familia Rodríguez, con el patrocinio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), interpuso un amparo judicial para exigir el derecho a una educación inclusiva.
En una primera instancia de este largo camino, en octubre de 2016, la jueza Romina Tesone del fuero contencioso administrativo y tributario falló a favor de Alan y ordenó al Gobierno de la Ciudad otorgarle la certificación de sus estudios.
“El derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en igualdad de condiciones”, escribió la magistrada en su sentencia.
Pero la historia siguió porque el GCBA se opuso al fallo y la causa pasó a la Cámara de Apelaciones.
En el medio, el caso tomó estado público y los Rodríguez se vieron apoyados por numerosas organizaciones como Artículo 24, el INADI y otras además del acompañamiento de todos los compañeros de Alan.
“Como familia es un aprendizaje. Nos tenemos que sentir muy fuertes para apoyar a Alan. Él quiere buscar trabajo y hacer lo que le gusta. Pero necesita el título. Estudió, aprobó, lo merece”, expresó la madre de Alan, María Florencia Rodríguez, tras conocer la apelación.
Finalmente a fin del año pasado, el Consejo Federal de Educación analizó el caso y aprobó una resolución que reconoce el derecho al título secundario igualitario para todas las personas con alguna discapacidad que cursen con adecuaciones curriculares.
Ante esto, el Gobierno presentó en la causa un título para Alan, el primero acorde a esa nueva normativa, y luego la Sala III de la Cámara de Apelaciones se pronunció a favor de otorgarle el certificado que pedía.
Además, los jueces declararon inconstitucionales las leyes locales que se oponen al derecho a una educación inclusiva en un fallo considerado histórico por ACIJ.
Como es el primer título de estas características, los Rodríguez solicitaron que igualmente se confirme la validez del mismo para ser presentado en instituciones de estudios superiores.
Alan nunca bajó los brazos y logró conseguir no sólo aquello que le correspondía sino que además, transformó su victoria personal en una colectiva sentando un precedente. Ahora, gracias a este joven que no quiso rendirse, todas las personas con discapacidad gozarán del derecho a una educación sin discriminación y en igualdad de oportunidades.
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