(Por Alfredo Jorge Kraut*) Muchas personas con discapacidad mental sufren un estado de desapoderamiento, exclusión y abandono, que determina, con cierta frecuencia, la necesidad de asistencia y apoyo para tomar decisiones. Ese estado en que se halla el paciente lo aliena de la sociedad y, a veces, la misma sociedad genera su apartamiento. El tema nos preocupa desde hace casi tres décadas, en particular la situación del paciente mental institucionalizado que suele quedar, literalmente, fuera del sistema legal. En muchos casos, este modelo se mantiene. En principio, las personas a las que se les restringe la libertad (o la capacidad de obrar) poseen –sin distinciones– un conjunto de derechos fundamentales y sus extensiones, entre los que podemos mencionar el derecho a la vida y a la salud, a la defensa y al respeto de la dignidad, a la libertad, al debido proceso, a la igualdad, a la intimidad, al patrimonio, a la reunión, a la comunicación, al trabajo, a manifestarse, a peticionar ant...