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Polémica por medida judicial contra aportes para discapacidad

Los magistrados y tres funcionarios judiciales de la provincia de Mendoza, equiparados salarialmente, presentaron un recurso legal para que no se les haga el descuento de un fondo cuyo destino en parte se dedica a financiar atención para personas con necesidades especiales. Padres plantean oposición.

Nueve jueces y funcionarios judiciales de la provincia presentaron hoy una acción de inconstitucionalidad para evitar aportar a OSEP, que a partir de enero depende en parte de ese dinero para financiar la atención de jóvenes con necesidades especiales.

Según explicaron fuentes del Poder Judicial, se trata de seis magistrados y tres empleados judiciales que, a pesar de no tener el “título oficial”, cobran lo mismo que ellos.

Los nueve elevaron a la Suprema Corte de Justicia una medida para dejar de aportar a la obra social pública, ya que esta obligación –surgida a partir de la adhesión de la provincia a la ley nacional de Discapacidad- “vulnera sus derechos” a elegir su prestadora.

De todos modos desde el Poder Judicial aclararon que se trata “solo de nueve jueces de un universo de 383”, y que la Asociación de Magistrados de la provincia repudia la acción.
La ley de Discapacidad entró en vigor en la provincia el primero de enero y prevé que OSEP financie la atención y rehabilitación de mendocinos con problemas psicomotrices.

La provincia era una de las cuatro que no había adherido a la norma alegando que su financiamiento era imposible. Sin embargo a finales del año pasado aprobó que parte de los fondos surgieran de los aportes de los magistrados a la obra social.

En su artículo tercero la ley dice: “Están obligados a aportar a la Obra Social de Empleados Públicos, los magistrados del Poder Judicial de la Provincia, los legisladores provinciales, los intendentes y los concejales, siempre en carácter de afiliados directos".

De esta forma, el director de OSEP, Marcelo Costa estimó que ingresarían a la entidad 5,5 millones de pesos, lo cual ayudaría a dar cumplimiento a la Ley.

Padres en la Legislatura

Por su parte, un grupo de padres tutores de las 18 familiares de personas con necesidades especiales beneficiarias del descuento se autoconvocaron en la puerta de la Legislatura provincial para analizar qué acciones.

Según anticipó Diario Uno realizarán un pedido de inconstitucionalidad contra el recurso de los funcionarios por entender que "viola la Carta Magna la ley que los obliga a hacer aportes de sus sueldos a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP)".

Laura Tribiño, una de las mamás autoconvocadas que motorizó la adhesión de Mendoza a la Ley Nacional de Discapacidad expresó por Nihuil: “Hasta recién hemos estado comunicándonos con los padres. Estamos muy preocupados y yo, particularmente, estoy indignada”.

"Me parece injusto porque creo que ellos ganan mucha plata y no pueden poner una traba para que 170 mil personas (se estima que en Mendoza vive esa cantidad de personas con discapacidad) tengan acceso a mejorar su calidad de vida. Me parece miserable", remarcó.

Asimismo, indicó que asistirán al encuentro "con remeras de padres autoconvocados" y cerró: “¿Cómo puede ser que después de 14 años de lucha, por un tecnicismo judicial, tengamos que pasar por esto otra vez?”.

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