Se trata de una iniciativa creada con el fin de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, y en particular con la obligación del Estado en garantizar el efectivo acceso a la justicia de las Personas con Discapacidad (PCD).
Depende de la Secretaría de Justicia de la Nación y su objetivo se enmarca dentro de las políticas de inclusión social que lleva adelante el Gobierno Nacional, con el objetivo de fortalecer los derechos de los PCD a través de procedimientos adecuados, la comunicación e información.
El programa reconoce "obstáculos" que alejan a las personas con necesidades especiales del "pleno ejercicio de derechos", cuando participan de procesos judiciales y/o administrativos
Dificultades en acceso a información sobre derechos y forma de ejercerlos; trato no adecuado por parte de fuerzas de seguridad y operadores judiciales en procedimientos, abordaje "incorrectos" en procedimientos periciales, mala difusión de normativa vigente, enumera.
ADAJUS, según sus siglas, está dirigido a las PCD, operadores judiciales, agentes penitenciarios, fuerzas de seguridad, funcionarios de la administración pública, Colegios Profesionales y organizaciones de la sociedad civil. Sus funciones son orientar asistencia técnica, derivación, y elaboración de guías y protocolos de intervención, capacitar actores del Poder Judicial, Colegios profesionales, funcionarios, privados, intervenir en situación de encierro.
Adecuar cuerpos periciales a procesos judiciales o preliminares, asistir en técnica para adecuaciones y reformas legislativas, promover cooperación interinstitucional e impulsar cooperación e intercambio de experiencias.El Programa se encuentra bajo la coordinación de la Perito Oficial Intérprete, Mabel Aurora Remón, y el mismo presenta un abordaje interdisciplinario que permite trabajar transversalmente la temática de necesidades especiales.
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