La Asociación Derechos Civiles de Personas con Discapacidad y sus Familias -ADCD- Y demás organizaciones denunciaron que la medida recorta derechos, es decir, atenta el carácter irretroactiva -principio de la transparencia republicana- en las leyes.
La legislatura española había aprobado una nueva ley pero el Ejecutivo decidió decretar con medidas excepcionales -título 3; artículo 22- de orden "inconstitucional" conforme los artículos 14, 31, 33 y 39 de la Carga Magna.
"Que se anule el real decreto que la modificó" (...) "vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución", sostienen, , entre desahucios, las ONGS, según reproducen hoy medios de prensa españoles.
Representantes de las organizaciones civiles lamentaron que, por otra parte, los legisladores fuera de recintos "no defiendan" sus posiciones.
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