La iniciativa fue presentada por el senador de Uruguay, René Bonato y se trata de un consejo que funcionará como “órgano que favorezca el diseño de políticas públicas en la materia, como órgano consultivo con participación ciudadana y funciones de asesoramiento integral en materia de discapacidad a Organismos Oficiales, Municipios y Juntas de Gobierno, y Organizaciones Sociales relacionadas a la temática de la discapacidad y de los derechos humanos, como a cualquier entidad que lo requiera”, indica el artículo uno.
Bonato explicó que resulta necesario impulsar la reforma del artículo 6 de la Ley Provincial 9.891, en la que se establece un sistema de protección y promoción integral de las personas con discapacidad.
Esto se haría en consonancia con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (Convención y su protocolo facultativo fueron aprobados en nuestro país por la Ley Nacional Nº 26.378).
Cabe mencionar también que desde 2014 tiene jerarquía constitucional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 27044).
Este marco internacional tiene como objeto “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.
A toda esta normativa hay que sumar la reforma introducida a la Constitución entrerriana en 2008, que incorporo en su artículo 21 la protección a las personas con discapacidad y sus familias, a su vez dispone que “Un Instituto Provincial de la Discapacidad con participación de la familia y las organizaciones intermedias elabora y ejecuta políticas de equidad, protección, promoción, educación y difusión de los derechos de las personas con discapacidad y de los deberes sociales para con ellas”.
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