Diputados nacionales solicitan informes sobre gratuidad en transporte para personas con discapacidad

Los diputados Carrizo, Torroba, Alonso, Castro, Masso, Villavicencio, Barletta y Vega, introdujeron un proyecto de resolución de la Cámara baja en el que solicitan al Poder Ejecutivo informes sobre gratuidad para personas con discapacidad en el acceso a servicios de transporte terrestre de corta, mediana y larga distancia.

El texto de resolución fue incorporado a la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación bajo el Nº de Expediente 2836-D-2016, el 19 de mayo pasado.

Los legisladores reclaman al Poder Ejecutivo Nacional que, por medio de los organismos correspondientes, informe sobre cuestiones relativas a la promoción, instrumentación y supervisión del ejercicio y accesibilidad del derecho de gratuidad de las personas con discapacidad a los servicios transporte colectivo terrestre de corta, mediana y larga distancia, sometidos a contralor de la autoridad nacional.

Los legisladores solicitan, en detalle, saber si existen programas y acciones de promoción, capacitación, información, difusión, sensibilización, concientización u otros, destinados a la población en general, en particular, a las personas con discapacidad y a las empresas de transporte, a fin de impulsar acciones articuladas tendientes a favorecer el cumplimiento de las disposiciones que garantizan el aludido derecho de gratuidad.

También, que en su informe, el Ejecutivo describa cuáles son las instancias de verificación que permiten el control de las empresas de transporte en relación al cumplimiento de las normas vigentes y los derechos de las personas con discapacidad y puntualice cómo se instrumentan dichas instancias de verificación y control, especialmente, en las provincias, ciudades o localidades donde no hay delegaciones ni oficinas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

También reclaman al Ejecutivo que indique si hay registros de denuncias y si éstos son de acceso público, detalle cuál es el circuito de seguimiento de las denuncias formuladas, que indique si existe información estadística permanente sobre las denuncias formuladas y, en caso afirmativo, si éstas son de acceso público y que describa cuáles han sido las acciones emprendidas con carácter punitorio a las empresas de transporte a partir de las denuncias formuladas.

"Es imprescindible contar con datos certeros sobre la situación y las reales condiciones en cuanto a su ejercicio y la accesibilidad a fin de avanzar en la implementación de políticas de integración efectiva", advierten los legisladores.