Llamados a eliminar las barreras para la inclusión al cierre del Congreso Internacional sobre Discapacidad
Igualdad, libertad y universalidad, se desprenden como proporciones clave para salir del atraso y proteger con inclusión los derechos de las personas con discapacidad, al terminar el Cuarto Congreso Internacional sobre Discapacidad en la Provincia del Chaco.
Por cuarta vez consecutiva expertos, funcionarios y profesionales se reunieron la capital chaqueña en un Congreso Internacional dispuestos a analizar horizontes nuevos para las personas con discapacidad.
El evento, que transcurrió entre los días miércoles y viernes, encontró a miles de personas de numerosas provincias de este país y países limítrofes entre cincuenta y cinco presentaciones, talleres y debates, en los cuales se expuso decenas de proyectos para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad de todo tipo.
En conferencias magistrales, teóricos de varias partes del mundo, centraron sus discursos en las obligaciones específicas que deben asumir los Estados en su papel de garantes de los derechos de las personas con discapacidad para promover el tránsito del paradigma de integración al de inclusión.
Entre estos, los proyectos de adaptación tecnológica fueron los más celebrados debido a su capacidad para extender a distintos contextos los beneficios que los servicios de salud y de educación brindan a las personas que sufren de discapacidades inmovilizantes.
El encuentro fue llevado a cabo en el Centro de Convenciones Gala, uno de los puntos de conferencia más lujosos y concurridos en la ciudad de Resistencia.
A su cierre, funcionarios y especialistas insistieron en que las corrientes de pensamiento o las políticas que las administraciones emanen para favorecer a las personas con discapacidad no deben ser un límite para pensar en la "inclusión real".
INCLUSIÓN, TODOS LOS DÍAS
Las barreras a la accesibilidad son el punto al que de aquí en más quedan sujeto los participantes del Congreso Internacional.
La variedad de contextos sobre los cuales la integración de las personas con discapacidad opera proporciona desafíos sugerentes a las ciencias encargadas de "construir el mundo" como la arquitectura y la ingeniería, pero esta vez, crearlo pensando en un "mundo para todos".
Este llamado se abre a una caja de resonancia económica en la cual no solo los estados o sus servicios reciben ecos debido a que gran parte de las obligaciones prestacionales para personas con discapacidad son capturadas por servicios privados o tercerizados.
La educación y la salud, por su parte, se encuentran en un punto definido por muchos como una encrucijada, ambas empujadas por avances científicos en los campos de la neurología, la pedagogía y la psicología.
Para los gobiernos, el desafío que resulta del Congreso es el de lograr coordinaciones acertadas entre administraciones locales o de distintos niveles para oxigenar con eficacia los programas mejor adaptados a un universo numeroso de instituciones o crear programas nuevos en torno a necesidades que hayan cobrado importancia para las poblaciones a las cuales se dirigen.
En tanto, la identificación de las barreras y su resultante en un conjunto de necesidades de adaptación, ejecución y monitoreo por parte de los organismos encargados de velar por los derechos de las personas con discapacidad encuentra en las organizaciones no gubernamentales a su primer aliado.
Esto se debe a que muchas de las propuestas que poco a poco el Estado adopta como iniciativas válidas parten de relevamientos avalados por organismos del tercer sector que han optado por acelerar vías de negociación ejecutivas a recurrir a vías judiciales o esperar que el consenso político genere condiciones favorables a atender sus demandas.
De acuerdo a los expositores, en adelante, debe insistirse en que donde se hable de discapacidad se remarque que su existencia resulta de la sumatoria entre una necesidad sin atención y de un sistema que no sabe cómo resolverla.
Virar sobre esta definición parece sencillo, pero la diferencia de no adoptarla puede resultar en contextos severamente adversos al desempeño del paradigma inclusivo y simbolizar nuevos años de atraso en decisiones que no protejan a los derechos de las personas con discapacidad.
UNIVERSALIDAD
Al igual que ocurre en todo el país con poblaciones definidas por la historia de sus demandas o por los compromisos hacia sus reclamos aceptados por los Estados en cartas internacionales, las personas con discapacidad esperan que 2017 cierre con acciones y propuestas concretas.
Una de ellas es la universalidad de los servicios, en especial el de transporte, en cuanto a gratuidad, calidad y continuidad y la prestación permanente de un servicio de transporte público adaptado que tome como paradas los domicilios de las personas que requieran más autonomía.
Estas demandas se asocian a ideales constitucionales muy arraigados como el de igualdad y libertad, que ahora se trasladan hacia otros puntos de vista en torno a la participación ciudadana desde su reaparición en el escenario político asociados a las modificaciones que el sistema electoral argentino incorporó al digitalizar el voto.
La autodeterminación se enlaza a esta dualidad de proporciones como condición para la cual, además de universales, los entornos inclusivos deben ser permanentemente estimulantes.
De otro modo, la exclusión contenida en las ideas estigmatizantes que se apoyan en las carencias y los miedos del presente puede atentar contra procesos favorables a la inclusión terminándolos o volviéndose escasos de sentido o sencillamente efímeros.
Por cuarta vez consecutiva expertos, funcionarios y profesionales se reunieron la capital chaqueña en un Congreso Internacional dispuestos a analizar horizontes nuevos para las personas con discapacidad.
El evento, que transcurrió entre los días miércoles y viernes, encontró a miles de personas de numerosas provincias de este país y países limítrofes entre cincuenta y cinco presentaciones, talleres y debates, en los cuales se expuso decenas de proyectos para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad de todo tipo.
En conferencias magistrales, teóricos de varias partes del mundo, centraron sus discursos en las obligaciones específicas que deben asumir los Estados en su papel de garantes de los derechos de las personas con discapacidad para promover el tránsito del paradigma de integración al de inclusión.
Entre estos, los proyectos de adaptación tecnológica fueron los más celebrados debido a su capacidad para extender a distintos contextos los beneficios que los servicios de salud y de educación brindan a las personas que sufren de discapacidades inmovilizantes.
El encuentro fue llevado a cabo en el Centro de Convenciones Gala, uno de los puntos de conferencia más lujosos y concurridos en la ciudad de Resistencia.
A su cierre, funcionarios y especialistas insistieron en que las corrientes de pensamiento o las políticas que las administraciones emanen para favorecer a las personas con discapacidad no deben ser un límite para pensar en la "inclusión real".
INCLUSIÓN, TODOS LOS DÍAS
Las barreras a la accesibilidad son el punto al que de aquí en más quedan sujeto los participantes del Congreso Internacional.
La variedad de contextos sobre los cuales la integración de las personas con discapacidad opera proporciona desafíos sugerentes a las ciencias encargadas de "construir el mundo" como la arquitectura y la ingeniería, pero esta vez, crearlo pensando en un "mundo para todos".
Este llamado se abre a una caja de resonancia económica en la cual no solo los estados o sus servicios reciben ecos debido a que gran parte de las obligaciones prestacionales para personas con discapacidad son capturadas por servicios privados o tercerizados.
La educación y la salud, por su parte, se encuentran en un punto definido por muchos como una encrucijada, ambas empujadas por avances científicos en los campos de la neurología, la pedagogía y la psicología.
Para los gobiernos, el desafío que resulta del Congreso es el de lograr coordinaciones acertadas entre administraciones locales o de distintos niveles para oxigenar con eficacia los programas mejor adaptados a un universo numeroso de instituciones o crear programas nuevos en torno a necesidades que hayan cobrado importancia para las poblaciones a las cuales se dirigen.
En tanto, la identificación de las barreras y su resultante en un conjunto de necesidades de adaptación, ejecución y monitoreo por parte de los organismos encargados de velar por los derechos de las personas con discapacidad encuentra en las organizaciones no gubernamentales a su primer aliado.
Esto se debe a que muchas de las propuestas que poco a poco el Estado adopta como iniciativas válidas parten de relevamientos avalados por organismos del tercer sector que han optado por acelerar vías de negociación ejecutivas a recurrir a vías judiciales o esperar que el consenso político genere condiciones favorables a atender sus demandas.
De acuerdo a los expositores, en adelante, debe insistirse en que donde se hable de discapacidad se remarque que su existencia resulta de la sumatoria entre una necesidad sin atención y de un sistema que no sabe cómo resolverla.
Virar sobre esta definición parece sencillo, pero la diferencia de no adoptarla puede resultar en contextos severamente adversos al desempeño del paradigma inclusivo y simbolizar nuevos años de atraso en decisiones que no protejan a los derechos de las personas con discapacidad.
UNIVERSALIDAD
Al igual que ocurre en todo el país con poblaciones definidas por la historia de sus demandas o por los compromisos hacia sus reclamos aceptados por los Estados en cartas internacionales, las personas con discapacidad esperan que 2017 cierre con acciones y propuestas concretas.
Una de ellas es la universalidad de los servicios, en especial el de transporte, en cuanto a gratuidad, calidad y continuidad y la prestación permanente de un servicio de transporte público adaptado que tome como paradas los domicilios de las personas que requieran más autonomía.
Estas demandas se asocian a ideales constitucionales muy arraigados como el de igualdad y libertad, que ahora se trasladan hacia otros puntos de vista en torno a la participación ciudadana desde su reaparición en el escenario político asociados a las modificaciones que el sistema electoral argentino incorporó al digitalizar el voto.
La autodeterminación se enlaza a esta dualidad de proporciones como condición para la cual, además de universales, los entornos inclusivos deben ser permanentemente estimulantes.
De otro modo, la exclusión contenida en las ideas estigmatizantes que se apoyan en las carencias y los miedos del presente puede atentar contra procesos favorables a la inclusión terminándolos o volviéndose escasos de sentido o sencillamente efímeros.
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